16/01/2017

Superado el plazo de inspección la continuación de actuaciones no interrumpe la prescripción

Recientemente el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 23 de mayo y 21 de junio de 2016, ha fijado su doctrina respecto de la incapacidad interruptiva de la prescripción de las actuaciones inspectoras realizadas con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la inspección. Así pues el Tribunal Supremo, con base en el artículo 150.2 de la Ley General Tributaria, considera que una vez la Inspección ha excedido su plazo de duración, solo una actuación formal que ponga en conocimiento del obligado tributario la reanudación d...

Doctrina y Jurisprudencia

 
GASTOS COMPUTABLES COMO PENSIÓN DE ALIMENTOS
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Señalar que además de las cantidades dinerarias satisfechas por el concepto de pensión de alimentos, también se consideran “pensión de alimentos” el pago de la escolarización, el vestido o la asistencia médica de los hijos, tal y como señala la Consulta de la Dirección General de Tributos V0820-15, de 13 de marzo de 2015. Así pues:

Pensión de alimentos. En caso de separación, el convenio regulador suele establecer que uno de los progenitores satisfaga un pensión de alimentos a favor de los hijos. Cuando dicho convenio ha sido ratificado judicialmente (Ley del IRPF, art.64) :
  • Los hijos no deben tributar por los importes percibidos.
  • El progenitor puede aplicar separadamente la escala del IRPF a dichas anualidades y al resto de la base imponible, lo que permite reducir la progresividad del impuesto.
Otros gastos. Pues bien, si en dicho convenio, además del pago de la pensión de alimentos, el progenitor también se compromete a asumir el pago de otros gastos considerados indispensables para el sustento de los hijos (como los gastos de habitación, la escolarización, el vestido o la asistencia médica), dichos pagos también pueden computarse en el IRPF como una mayor pensión alimenticia (DGT V0820-15) .
Sin cuantificar. A estos efectos, no es preciso que se haya cuantificado la cuantía de dichos gastos. No obstante, sí es imprescindible que el convenio regulador recoja la obligación de su pago y que este convenio haya sido ratificado judicialmente.
 

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